La ministra de Defensa dijo que “todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizando nuestro territorio como puente para introducir cocaína» a EE.UU.

En el contexto de la denuncia hecha por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de que está en marcha un golpe de Estado en su contra, los ministros de Seguridad y Defensa presentaron este martes una lista de políticos opositores que son investigados por narcotráfico.

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Los ministros de Seguridad, Gustavo Sánchez, y de Defensa, Rixi Moncada, dieron a conocer en conferencia de prensa encabezada por la mandataria Castro, que en total son 33 políticos opositores los que han sido condenados o tienen un investigación en curso en Estados Unidos (EE.UU.) por delitos relacionados por tráfico de drogas.

Sánchez mencionó 26 casos de miembros del opositor Partido Nacional, entre los que se encuentran el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel “por convertir a Honduras en un narcoestado” y su hermano Juan Antonio Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico.

“Porfirio Lobo Sosa, caso abierto por haber recibido múltiples sobornos provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial de 2009, del cártel de los Cachiros con 500 mil dólares y entre tres y cuatro millones de dólares de Alexander Ardón”, aseguró el funcionario.

La ministra de Defensa, por su parte, detalló que existen siete investigaciones por narcotráfico en tribunales de EE.UU. en el caso del Partido Liberal de Honduras, entre ellas la relacionada con Mauricio Villeda.

La funcionaria explicó que Villeda, excandidato presidencial de Partido Liberal y actual diputado del Congreso Nacional, fue mencionado durante el juicio contra el expresidente Hernández por presuntamente haber recibido un soborno de entre 200 y 250 mil dólares del cártel de los Cachiros a cambio de ayudar a Carlos El Negro Lobo a recuperar bienes que le habían sido incautados.

La ministra de Defensa sostuvo que “todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizando nuestro territorio como puente para introducir cocaína a los Estados Unidos convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los 12 años y siete meses de la narcodictadura”.

Aseguró, asimismo, que “se inhabilitaron los radares” y aseveró que la ruta del tráfico de drogas utilizando nuestros mares y nuestro espacio aéreo es controlada desde Cayo Hueso en los Estados Unidos”.

“Reformaron la ley de protección de la soberanía del espacio aéreo obstruyendo la posibilidad de derribar los aviones que trafican con droga y los procesos que se inician en los EE.UU., como ha quedado demostrado, son selectivos ante la actividad de las redes de corrupción de policías, militares, fiscales, jueces, magistrados y bufetes de abogados”, manifestó Moncada.

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